Como todos los años, luego de la Resolución que eliminó el derecho de madres y padres a decidir los presupuestos de sus escuelas a través de la presentación, discusión y aprobación en Asamblea de madres y padres debidamente convocada, las autoridades se acerca a las escuelas para verificar que sus instrucciones se han cumplido.
En la Red de Madres, Padres y Representantes hemos hecho hincapié en que las escuelas deben ser respetuosas de la normativa legal vigente y deben modelar con su conducta institucional el respeto a la ley que debe caracterizar a toda sociedad.
Afortunadamente, tanto la Ley Orgánica de Educación aprobada en 2009 como la Resolución más reciente sobre el tema hablan expresamente de no forzar a ningún miembro de la comunidad a hacer pagos mayores de los establecidos por las autoridades. Eso quiere decir que las donaciones están permitidas ya que son pagos voluntarios.
Hemos insistido en que se respeta la exigente norma del quorum y los mecanismos de convocatoria y de presentación del material para la Asamblea de madres, padres y representantes pero que se instale de manera paralela una Asamblea de Ciudadanos para discutir el presupuesto global de la escuela en caso de que el tope fijado por el Ministerio no satisfaga las necesidades de la Unidad Educativa.
En el marco de esa Asamblea de Ciudadanos se aprueba la propuesta de proyecto educativo y su correspondiente presupuesto y además se deja constancia que el aporte resultante de esta decisión sera estrictamente voluntario.
Aquellas familias que deciden hacer el aporte voluntario firman un contrato de donación que permite que la comunidad educativa reciba regularmente los montos que necesita para desarrollar su proyecto.
Queremos destacar que para que esta iniciativa sea exitosa, es vital que las autoridades de la escuela hayan desarrollado la propuesta educativa y el presupuesto en conjunto con la comunidad educativa y que se haya hecho un esfuerzo por escuchar y plasmar las distintas visiones. Antes de la Asamblea, toda la comunidad debe haber recibido la propuesta y debe haber tenido la posibilidad de aclarar dudas.
Esta normativa es una ameneza a la viabilidad de nuestras escuelas pero también es una oportunidad de compromiso con ella. Exige, por supuesto, de respeto a todos los miembros de la comunidad educativa y de una participación comprometida de parte de todos.
